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En una sentencia histórica para América Latina, el Primer Tribunal Ambiental de Chile condenó al Estado nacional por el daño ambiental causado en el desierto de Atacama, donde desde hace años se acumulan millones de toneladas de ropa usada proveniente de países desarrollados. Conocido como el “desierto de ropa”, este fenómeno se convirtió en un símbolo del impacto ambiental de la moda rápida y de la falta de regulación efectiva sobre los residuos textiles.
El fallo ordena al Estado chileno presentar un plan de reparación en un plazo máximo de seis meses. Este plan deberá incluir el retiro de los desechos, su disposición final segura, la restauración del paisaje y medidas concretas para evitar que se vuelva a repetir una situación similar.
Un problema global que termina en el desierto
La mayoría de la ropa que llega a este basural a cielo abierto proviene de Estados Unidos, Europa y Asia. Chile, por sus leyes de comercio y su zona franca en Iquique, se convirtió en una de las puertas de entrada más importantes para la ropa usada en Sudamérica. Lo que no se logra vender, termina abandonado en el desierto.
Según datos de medios internacionales y ONG locales, más de 39.000 toneladas de ropa usada llegan cada año a la zona franca de Iquique. De ese total, al menos 60% no se reutiliza ni se vende, y termina arrojado en vertederos ilegales en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.
Las consecuencias son graves. El suelo del desierto está contaminado, el paisaje fue alterado de forma irreversible en algunas zonas y también se detectaron restos de neumáticos, plásticos, metales y escombros en sectores como Pampa Norte, Sur, Mollecita Norte y Sur. Además, la ropa abandonada contiene químicos y tintes que pueden afectar a largo plazo la salud humana y la biodiversidad del lugar.
La sentencia: el Estado, responsable
Luego de analizar informes técnicos, inspecciones en terreno y pruebas documentales, el tribunal determinó que hubo una afectación significativa en componentes clave del ecosistema: el suelo y el paisaje.
El ministro titular en Ciencias del Primer Tribunal Ambiental, Marcelo Hernández Rojas, explicó que “estando acreditado el daño ambiental significativo, se condena al Fisco de Chile a repararlo materialmente mediante un plan de reparación, cuyas medidas específicas están detalladas en la sentencia y que debe ser presentado en un plazo máximo de seis meses”.
El tribunal también dejó en claro que la Municipalidad de Alto Hospicio no será sancionada, ya que sí realizó acciones para gestionar los residuos, aunque estas resultaron insuficientes para revertir el daño.
¿Qué incluye el plan de reparación?
El Estado chileno deberá presentar un plan integral que contemple:
- Diagnóstico ambiental detallado de la zona afectada.
- Retiro y disposición segura de los residuos textiles y otros desechos.
- Restauración del paisaje y mitigación del daño ecológico.
- Participación ciudadana y transparencia en la ejecución.
- Sistema de monitoreo para evaluar avances.
- Cierre definitivo de vertederos ilegales.
- Controles de acceso y vigilancia permanente en la zona.
Se trata de una medida sin precedentes en la región que pone el foco sobre un problema muchas veces invisibilizado: el costo ambiental de la industria textil global y la exportación de desechos del norte global al sur.
Moda rápida, impacto lento
El caso del desierto de ropa no es solo un problema chileno. Es una radiografía de cómo funciona la economía lineal global: países ricos exportan sus residuos a países con legislación ambiental más débil o con menos capacidad de control. En este caso, lo que no se consume ni se recicla, se entierra en uno de los ecosistemas más áridos y frágiles del planeta.
ONGs como Desierto Vestido, Fundación Medio Ambiente Tarapacá y Greenpeace Chile vienen denunciando hace años esta situación, documentando el impacto de los textiles abandonados y promoviendo la reutilización, el reciclaje y la economía circular como alternativas reales.
Un mensaje para la región
La condena al Estado chileno podría sentar un precedente legal en Latinoamérica para otros países que enfrentan problemas similares con residuos industriales, textiles o electrónicos.
En un contexto global donde el Acuerdo de Escazú busca fortalecer el acceso a la justicia ambiental, este fallo demuestra que los tribunales pueden convertirse en herramientas efectivas para frenar el deterioro ecológico y exigir responsabilidades concretas a los gobiernos.
Lo que ocurra en los próximos seis meses marcará un antes y un después en la forma en que el Estado chileno —y probablemente otros en la región— asuma sus obligaciones frente a la crisis ambiental que genera la basura del consumo masivo.
