Córdoba: frenan fumigaciones con agroquímicos en Barrio Universitario de Horizonte III por riesgo ambiental

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba ordenó el cese inmediato y cautelar de todas las fumigaciones con agroquímicos en las inmediaciones del Barrio Universitario de Horizonte III, al sudeste de la capital provincial. La decisión llega en el marco de una investigación penal que busca esclarecer denuncias de vecinos sobre el uso de pesticidas en campos linderos al barrio.

Una medida para prevenir daños mientras avanza la investigación
Según informó el MPF, la resolución fue dispuesta por el fiscal de Instrucción de Distrito II, Turno 3, Luis Micheli, quien sostuvo que existe un “posible riesgo ambiental” asociado a las aplicaciones de agroquímicos en la zona. Por eso, se ordenó frenar cualquier fumigación en una franja que va desde la línea de edificación del barrio hasta 500 metros dentro del campo.

La medida se dicta bajo el principio precautorio, una herramienta clave del derecho ambiental argentino que establece que, ante sospecha fundada de daño grave, el Estado debe actuar incluso si no hay certeza científica absoluta. La normativa ambiental nacional y provincial respalda esta intervención, que se aplica además dentro de las facultades del artículo 302 del Código Procesal Penal provincial.

Qué se investiga
La fiscalía trabaja sobre denuncias que advierten posibles irregularidades en las aplicaciones de agroquímicos cercanas a zonas habitadas. La preocupación de los vecinos se vincula tanto a los riesgos para la salud como al impacto en el ambiente, dos puntos sensibles en la agenda ambiental argentina y especialmente relevantes en provincias con fuerte actividad agrícola.

Mientras se reúnen pruebas y se evalúan responsabilidades penales, la prioridad de la Justicia es evitar que un daño potencial avance. Por eso la medida fue calificada como “cautelar y precautoria”.

Quién controla el cumplimiento
El cumplimiento del cese de fumigaciones quedará en manos del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba y de la Policía Ambiental, cada uno dentro de sus competencias.

Además, la investigación cuenta con el acompañamiento de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal de la Fiscalía General Adjunta, dirigida por Alejandro Pérez Moreno. El área aporta análisis técnicos y jurídicos para fortalecer un abordaje especializado, algo clave en causas que combinan salud pública, ambiente y producción agropecuaria.

Un caso testigo para las discusiones ambientales
Este tipo de medidas vuelve a poner en agenda un tema sensible: cómo compatibilizar la actividad agroproductiva con los derechos ambientales de las comunidades. En un contexto en el que las discusiones sobre agroquímicos, zonas de resguardo, biodiversidad y salud son cada vez más relevantes, la decisión judicial de Córdoba se perfila como un caso a seguir tanto por organizaciones ambientales como por productores y autoridades locales.

La investigación continúa y aún no hay imputaciones formales, pero por primera vez el barrio logró un freno legal que busca proteger a la población mientras la Justicia avanza sobre lo ocurrido.