Por Omar Nelson Livigni

Viedma.- (APP) A  mediados  de  este  año se cumplirán exactamente 30 años desde que la Nación ajudicó las concesiones de las represas hidroeléctricas  a las cuatro empresas que concentran el mercado mayorista eléctrico nacional, que intervienen en todo el proceso que comprende desde la generación hasta la distribución de la energia.

 Ahora  que se torna inminente la fianalización de las concesiones, está en el ánimo de los protagonistas, el estado nacional que construyó las represas y las provincias que son las propietarias de los recursos hídricos, plantear con lógicos criterios federalistas, acuerdos entre las partes que deriven  en beneficios  recíprocos.

En realidad, desde siempre y por distintas causas, la relación entre el estado nacional y las provincias donde se encuentran enclavadas las represas ,han dejado mucho que desear  sobre temas como su rentabilidad y funcionamiento, pero casi siempre primaron por parte  de la Casa Rosada más imposiciones que consensos.

Se debe recordar que después de la caída de Arturo Illia y la derogación de la denominada Ley Gadano, el gobierno de Onganía impulsó una resolución del ministro de Economía, Krieger  Vasena, alterando sus finalidades.  Desde entonces la mayoría de los recursos  energéticos  producidos por las represas sobre el Limay y el Neuquén, destinados a la region norpatagónica,  fueron incorporados a los 20 partidos de la provincia de Buenos Aires, la capital federal y  toda el área geográfica del litoral.

Las centrales en cuestión son: Alicurá (1000 MW) de potencia instalada, de la multinacional estadounidense AES, el complejo El Chocón (1200 MG Y 120 MG) en Arroyito, ambos de la Itliana Enel, el Complejo de Cerros Colorados, de la estadounidense Orazul Energy. Planicie Banderita tiene 450 MG,Piedra del Aguila 1400 MG, de la Sociedad Argentina  Sadesa central Puerto, y Pichi Picún Leufú 261 MG de Pampa  Energía.

La realidad actual indica que el sector energético presenta un cuadro de congelamiento de precios y tarifas que plantean incertidumbre para el futuro.

Algunas de las empresas afectadas ya están pensando en negociar con el gobierno nacional una extensión de las concesiones que vencen este año y en el 2025, mientras que en los niveles de decision nacionales, extraoficialmente, responden que producidos los vencimientos  las represas retornarán a la autoridad del poder concedente. Algunas fuentes del gobierno nacional están diciendo en cambio que probablemente las concesiones se prorroguen por un año hasta tomar una definición.

 Desde  Rio Negro  y Neuquén la opinión es que las provincias deben participar y tener ingerencia en el manejo de las cuestiones energéticas, que no puede reducirse a un simple negocio .

Y se  recuerda que desde el cambio en la forma en la que se remunera la energía  eléctrica en el país las regalías por las represas disminuyeron sustativamente.

Al respecto el ingeniero ElÍas Sapag, titular de la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas de los ríos  Negro, Neuquén y Limay  sostiene que esa disminución de los recursos del organismo por la resolución 95 del 2013, determinó  que la AIC dejara de construir defensas en las costas de los ríos de la región y otras obras que se necesitan.

Otro de los argumentos indiscutibles que esgrimen tanto rionegrinos como neuquinos es que el recurso agua no puede quedar en manos  de sectores privados sin tener en cuenta  el rol del organismo de seguridad y la autoridad de las cuencas.

En línea con los argumentos que están levantando Río Negro y Neuquén, el senador nacional neuquino del Frente de Todos (FdT), Oscar Parrilli, solicitó, a través de una nota oficial a la Secretaría de Energía, que no prorrogue las concesiones de las Hidroeléctricas del Comahue, que operan sobre los ríos Limay y Neuquén, y que producen más de 4.300 megawats de potencia.

El legislador ya presentó un proyecto de ley al respecto en el Congreso apuntando a que la Nación retome la administración, mantenimiento y operación de las represas hidroeléctricas, que deben ser operadas en conjunto con las provincias.

En su misiva a la Secretaría de Energía  el senador Parrilli reclama que le comunique a las empresas que explotan el recurso “con la suficiente anticipación” que al finalizar la concesión de las represas del Comahue “no existirán prórrogas, ni nuevas concesiones y que dichas represas volverán al dominio del Estado nacional tal y como lo indican los contratos de concesión”.

Lo cierto es que  llegó la hora de la verdad y superada la instancia electoral, el tema de la reconversion de las concesiones de las represas hidroeléctricas se impondrá como una discusión de importancia nacional. (APP).

Fuente: appnoticias