Viedma.- (APP) La legisladora Mónica Silva y el legislador Fabio Sosa (JSRN) presentaron un Proyecto de Comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Energía de la Nación, expresando “su más absoluto rechazo a la decisión unilateral e inconsulta de traspasar las concesiones próximas a vencer de las represas hidroeléctricas sitas en jurisdicción provincial a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), avasallando la autonomía y el dominio originario de nuestros recursos”.

Los diputados provinciales hicieron un racconto del proceso histórico relacionado a las represas sobre los ríos Limay y Neuquén.

Desde fines del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX la producción ovina en grandes propiedades, base de la exportación de lana cruda, fue el modelo de desarrollo económico de la región patagónica. La crisis de 1930, modificó en parte dicho paradigma, asumiéndose mayores compromisos con los procesos de industrialización poniendo a la Patagonia en un sitio de relevancia en la planificación nacional merced a sus recursos energéticos vinculados básicamente al gas, petróleo y aprovechamiento hidroeléctrico.

A mediados de los ’40 la regulación de las crecidas de nuestros ríos, el  aprovechamiento intensivo con fines de riego y la capacidad de generar energía fueron pensadas en función del desarrollo integral de la cuenca. En 1954 la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica comenzó los estudios sobre el embalse del Limay, realizándose tareas topográficas y geológicas para el anteproyecto básico,  interrumpido por el golpe militar de 1955.

Con el objetivo de analizar e impulsar la construcción de una represa hidroeléctrica en la Norpatagonia el Senado de la Nación creó en 1960 la “Comisión Especial para el Estudio del Desarrollo de las zonas de influencia de los ríos Limay, Neuquén y Negro” cuya función sería evaluar si era factible la construcción de la represa de El Chocón.

Luego del Golpe de Estado que derrocara al Presidente Illía, en diciembre de 1966, Onganía autorizó, mediante el Decreto 4.640, a la Secretaría de Energía y Minería de la Nación a concretar la adjudicación para la construcción del complejo Chocón  Cerros Colorados. En 1968 se creó una empresa estatal, Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR), para que llevara adelante las iniciativas para la construcción de la represa. Esta empresa marginó los proyectos de desarrollo en favor de los intereses de Buenos Aires y su zona de influencia.

Las hidroeléctricas en juego (Hidroeléctrica Alicurá S.A.; Hidroeléctrica El Chocón S.A.; Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A.; Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A.; Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú S.A.), se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales tomados por los gobiernos nacionales, avales del Tesoro y con los recursos aportados a través de las facturas del servicio eléctrico del país con los recargos tarifarios que se destinaron a las cuentas del “Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas” y del “Fondo Energético El Chocón- Cerros Colorados” y con la marea neoliberal de los años 90, dejaron de estar en la órbita del Estado y fueron concesionadas por un período de 30 años a distintas operadoras privadas.

En el corriente año finalizan los contratos de concesión de buena parte de las represas del Comahue (salvo la presa de Pichi Picún Leufú cuya concesión termina en el año 2029) y nuestra provincia, junto con Neuquén plantea la necesidad de discutir su administración compartida, no obstante esta definición, en forma unilateral y sorpresiva, el gobierno nacional dispuso el traspaso del manejo de las represas, una vez caído el plazo de concesión, a la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina SA). (APP)

Fuente: appnoticias