En un documento de la organización Somos Monte, señala que “en un proceso plagado por errores, discriminación e ilegalidad emergen nuevas pruebas de la violencia atrás de la propuesta de actualización de la Ley de Bosques en la provincia del Chaco”.

Poco después, afirma que “empresarios y ex funcionarios se han prodigado en estos tres años en amenazas y presiones directas a periodistas, activistas, investigadores, comunidades y organizaciones para que se apruebe un Ordenamiento Territorial regresivo e inconstitucional, llevado adelante a golpes de decretos”.

Así también afirma que “el Decreto 2.157/22 y el Decreto 2.477/23 son la punta del iceberg de un mundo obscuro hecho de corrupción, apropiación indebida de tierras y bosques, amedrentamientos y artilugios legales para blanquear los desmontes ilegales (más de 250.000 hectáreas) ocurridos en estos 13 años de Ley de Bosques en Chaco”.

Fuente: chacoonline