Despidos de personal y sin Plan de Manejo del Fuego: llega el verano y los Parques Nacionales están a la deriva

Lejos de las grandes urbes, el territorio argentino tiene 18.275.722 hectáreas que son parques nacionales y áreas protegidas. Hasta el momento, se encuentran bajo la conservación, protección y cogestión de la Administración de Parques Nacionales (APN). Sin embargo, como sucede en muchas áreas del Estado nacional, no hay ninguna autoridad nombrada para su funcionamiento. Solo se sabe que pasó a depender del Ministerio del Interior. No obstante, los Decretos de Necesidad y Urgencia 70/23, 84/23 y el proyecto de Ley Ómnibus afectan de manera directa el funcionamiento y continuidad de este organismo.

El DNU 70/23 dispone la derogación de la Ley de Tierras Rurales y el proyecto de Ley Ómnibus pretende modificar las leyes de Bosques nativos, desfinanciándola y permitiendo el desmonte, la de Manejo del Fuego abre la puerta a la quema intencional de campos y la de Glaciares permite la actividad minera en estas zonas. Entre otras consecuencias, este combo pone en crisis la existencia misma de una autoridad regulatoria de Parques Nacionales. Los privados ansían tierras protegidas, y los trabajadores y trabajadoras se encuentran en alerta. No solo ante los posibles despidos sino sobre todo por lo que pueda pasar con los territorios y la inercia del gobierno sin un plan de acción y prevención ante la llegada del verano, temporada alta de incendios.

Los Parques Nacionales cuentan con 2300 trabajadores. La mitad son planta permanente; el resto, transitoria. Las tareas que cumplen no son solo administrativas: hay científicos que investigan la biodiversidad, brigadistas que actúan en los incendios forestales o dan respuesta a los accidentes de montaña, también hay brigadas que hacen señalización y mantenimiento de los senderos; y deben monitorear cada Parque ante posibles destrozos, robos o fuegos intencionales.

Todos los años se actualiza o se renueva el personal. El DNU 84/23, publicado el lunes pasado, afecta de forma directa la continuidad laboral de 246 de esas personas que ingresaron durante 2023. Alrededor de un 10% del total. También limita la vigencia de los demás contratos por 3 meses, sujetos a una revisión.

“Ese decreto no da tiempo de planificar a futuro tareas de investigación, de profesionalización o de ningún tipo”, remarca Andrea Torres, brigadista desde hace 10 años y planta transitoria en el Parque Nacional Los Glaciares. La seccional donde trabaja, en El Chaltén, tiene 21 trabajadores de los cuales 18 son planta transitoria. El número es mínimo ante el aluvión de personas –sobre todo extranjeras– que llegan a la Patagonia. Ni que hablar si se producen incendios forestales. En El Chaltén hay casi un trabajador/a cada 10 mil hectáreas.

Puerta al ecocidio
Alejo Fardjoume es trabajador de planta transitoria del Parque Nacional Lanín en Neuquén desde hace 19 años. Hace unos días decidió escribir una carta pública para contar el impacto de las medidas de Milei en la APN. Relata que los programas de restauración, reintroducción de especies, monitoreo de especies en peligro de extinción, planificación estratégica, co-gestión de territorios con provincias o pueblos originarios, fiscalización de espacios destinados al turismo y recreación y el extendido cuidado de la jurisdicción bajo su órbita “exigen, no menos, sino más personal de terreno y apoyo técnico, profesional y administrativo para su eficaz ejecución”.

Considera que las medidas anunciadas ponen en jaque a los espacios protegidos: “Un recorte como el que enfrentamos, que impacta en la cantidad de agentes de conservación, es sin dudas una puerta para el ecocidio”. La política de ajuste, señaló, va en dirección contraria a la generación de empleo verde impulsada y liderada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU. Se trata de “una condena a la política de cuidado del medioambiente en general y las Áreas Protegidas bajo la administración de Parques Nacionales en particular”.

Los que más tienen
Fue en 1903 cuando se creó el primer Parque Nacional en Río Negro y Neuquén: el Nahuel Huapi. El perito Moreno donó 717.261 hectáreas como contribución “a la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales y del disfrute. El Perito pensó en que vinieran científicos para entender cómo es la biodiversidad nacional, pero además para que las personas puedan tener un vínculo diferente con la naturaleza”, cuenta Torres.

Y menciona otra posible vertiente de la política libertaria: parques para pocos. “A nivel mundial se intensificó el turismo de naturaleza al que solo pueden acceder personas con muchos recursos económicos –completa–, aquí a partir del macrismo ya se intentó hacer de los Parques Nacionales un lugar donde se pague para disfrutar de algo exclusivo cuando hasta ahora es accesible para cualquiera”.