Hidrovía: "Serias y evidentes irregularidades" en una licitación marcada por el lobby empresarial y un duelo político

En las horas previas a la apertura de una de las licitaciones más importantes del país, la Procuraduría de Investigación Administrativa (PIA) emitió un contundente dictamen advirtiendo sobre "serias y evidentes irregularidades" en el pliego redactado por el Gobierno. En un contexto de tensiones políticas y fuertes lobbies empresariales, el futuro de la Hidrovía, la principal arteria fluvial comercial de Argentina, se encuentra en juego.

¿Qué es la Hidrovía y por qué es tan importante?

La Hidrovía, también conocida como la Vía Navegable Troncal (VNT), es una de las principales rutas comerciales del país, extendiéndose a través de los ríos Paraná y Paraguay. Esta vía conecta provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Misiones con Brasil, Bolivia y Paraguay, permitiendo el transporte del 80% de las exportaciones agropecuarias de Argentina, que representan cerca de US$ 65.000 millones anuales.

La concesión de su mantenimiento, que incluye el dragado y balizamiento de los canales fluviales, fue otorgada a una empresa privada desde 1995. A cambio, las embarcaciones deben abonar un peaje según el volumen de carga que transportan. Esto hace que la licitación de la Hidrovía no solo sea crucial para el comercio internacional argentino, sino también para la competitividad y los costos de la cadena productiva local.

Un proceso marcado por las irregularidades

El proceso licitatorio se ha visto empañado por fuertes acusaciones de direccionamiento y manipulación del pliego. A tan solo horas de la apertura de sobres para la presentación de ofertas, la PIA alertó sobre lo que considera irregularidades claras en los pliegos propuestos por el Ejecutivo. Aunque el dictamen no tiene carácter vinculante, las denuncias apuntan a que el pliego está redactado de manera tal que favorece a la empresa belga Jan de Nul, la actual concesionaria que ha operado la Hidrovía durante casi tres décadas.

Los problemas no solo radican en el contenido del pliego. Las denuncias también apuntan a un conflicto político entre el Gobierno de Javier Milei y sectores ligados a Mauricio Macri, quien en su mandato también había sido responsable de la concesión. En medio de este duelo político, se han sumado voces críticas que aseguran que la licitación está siendo manipulada para beneficiar a determinados actores, tanto nacionales como internacionales.

Los actores en juego

La licitación no solo involucra a empresas locales. Las multinacionales están muy presentes en la competencia, con firmas como la belga Jan de Nul, la danesa Rohde Nielsen, las neerlandesas Boskalis y Van Oord, y hasta la china Shanghai Dredging Company. Los intereses en juego son gigantescos, y el monto total que se espera que perciba la empresa ganadora durante los próximos 30 años es de US$ 15.400 millones.

La empresa Jan de Nul ha sido señalada por varios actores políticos y económicos como la principal beneficiaria del proceso, y su cercanía con el sector privado del país genera dudas sobre la transparencia del proceso. En este sentido, tanto diputados como representantes de la industria de la agroexportación, han pedido modificaciones al pliego para garantizar que la licitación sea más abierta y competitiva.

El lobby empresarial y las tensiones políticas

El lobby empresarial juega un papel central en esta disputa. Mientras que desde el Gobierno se defienden las condiciones del pliego como "exigentes a nivel técnico", las acusaciones de manipulación persisten. La oposición, por su parte, considera que el proceso está siendo orquestado para beneficiar a determinados grupos económicos, en especial a Jan de Nul. De hecho, el PRO, a través de su think tank Fundación Pensar, acusó al Ejecutivo de haber configurado una licitación con "sobrecostos" y "condiciones direccionadas".

Sin embargo, la situación se complica aún más con el ingreso de actores internacionales como la empresa china Shanghai Dredging, que busca participar en la licitación, pero cuya participación está siendo rechazada por el Ejecutivo. Desde el Gobierno aseguran que no es conveniente permitir que una empresa controlada por un Estado soberano controle la principal vía fluvial de Argentina, lo que añade una capa de complejidad geopolítica al proceso.

La sombra del conflicto de intereses

A las críticas empresariales se suman versiones sobre posibles conflictos de interés vinculados a asesores cercanos al Gobierno. Fuentes del sector de dragado mencionaron que Santiago Caputo, asesor presidencial, habría designado a Rodrigo Lugones, su socio en la consultora Move Group, para supervisar los temas vinculados a la Hidrovía y otros aspectos de la infraestructura portuaria del país. Esta situación genera aún más suspicacias sobre la transparencia del proceso.

El dictamen de la Procuraduría: un llamado de atención

En medio de la creciente polémica, el dictamen de la PIA se presenta como un claro llamado de atención. En sus 70 páginas, el organismo detalla las irregularidades en los pliegos y advierte que, de seguir adelante sin cambios, el proceso podría tener consecuencias legales tanto administrativas como penales. Aunque el dictamen no es vinculante, plantea la necesidad de revisar a fondo los procedimientos para garantizar que se cumpla con los principios de transparencia y el interés común.

¿Privatización o desarrollo público?

El trasfondo de toda esta situación plantea un debate crucial sobre la privatización de servicios estratégicos para el país. Desde sectores críticos, se cuestiona la entrega de una infraestructura clave como la Hidrovía a empresas privadas, señalando que esta privatización termina siendo una forma de aumentar los costos de exportación y poner en riesgo la soberanía nacional sobre recursos naturales esenciales para la economía del país.

Mientras tanto, el destino de la licitación sigue su curso. A pesar de las advertencias, desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación aseguraron que la licitación continuará según lo previsto, con la apertura de sobres fijada para el miércoles 12 de febrero, en un escenario de incertidumbre que pone en evidencia las profundas divisiones políticas y los intereses empresariales que se juegan en esta contienda.

Este episodio resalta no solo la importancia económica de la Hidrovía, sino también el desafío de lograr un proceso licitatorio transparente y equitativo, en el que los intereses nacionales prevalezcan por encima de los de las grandes corporaciones internacionales.