Una vez más, los cortes de luz se apoderaron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Esta vez, alrededor de 20 mil usuarios pasaron la noche sin suministro eléctrico, en medio de una ola de calor sofocante que no da respiro. La crisis no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que se agrava con un gobierno que, en lugar de ofrecer soluciones, aprueba un nuevo aumento de tarifas que impactará aún más en el bolsillo de los argentinos.

Desde el martes pasado, los apagones comenzaron a repetirse, afectando a barrios de la Ciudad y el Conurbano. Los cortes, que se extendieron por más de 30 horas en algunos casos, generaron una situación insostenible: comercios cerrados, transporte público paralizado y una sensación de caos total en las calles. La falta de luz no es solo un inconveniente, sino una vulneración de derechos básicos. En este contexto, las caceroladas en barrios como Junín y Corrientes fueron la respuesta ante la falta de acción por parte de las autoridades, quienes siguen mirando hacia otro lado ante la crisis energética que se agudiza día a día.

El mal desempeño de las distribuidoras y la inacción del gobierno

Edesur y Edenor, las distribuidoras más afectadas por las constantes fallas, siguen ofreciendo un servicio deficiente. A pesar de las sanciones millonarias impuestas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y las promesas de mejorar la calidad del servicio, la realidad es que los cortes de luz continúan siendo parte de la rutina diaria de miles de argentinos. De acuerdo con los últimos informes, las zonas más perjudicadas son el sur del Conurbano y barrios de la Ciudad de Buenos Aires como La Boca, Barracas y Nueva Pompeya, donde la gente sigue padeciendo cortes interminables.

El gobierno de Javier Milei, lejos de abordar la raíz del problema, optó por un camino fácil: aumentar las tarifas de luz en el AMBA. En lugar de exigir a las distribuidoras que inviertan en mejorar la infraestructura y en garantizar un servicio de calidad, el Ejecutivo nacional aprueba un nuevo aumento que afectará principalmente a las clases media y baja. El tarifazo es un golpe duro para quienes ya enfrentan la dificultad de cubrir los gastos básicos del hogar, y llega en un momento donde, además, la calidad del servicio sigue siendo un desastre.

Aumento de tarifas: un ajuste que golpea al bolsillo y a la paciencia de los ciudadanos

A partir de marzo, el gobierno oficializó el aumento de las tarifas de luz en el AMBA, con incrementos que rondan el 10% en promedio. Esta medida, que fue aprobada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), responde a la famosa Revisión Quinquenal de Tarifas (RWT) impulsada por la Secretaría de Energía. Sin embargo, este aumento no solo es injusto, sino que resulta completamente inoportuno, ya que llega en un contexto de crisis energética crónica, con un sistema eléctrico al borde del colapso.

La justificación de este aumento, basado en la necesidad de equilibrar las cuentas de las distribuidoras y de reducir el subsidio estatal, es una falacia. Aumentar las tarifas sin garantizar una mejora en la calidad del servicio es un error grave que solo perjudica a los usuarios. A la hora de aplicar estos incrementos, el gobierno no ha tenido en cuenta que los cortes de luz no son algo aislado, sino un reflejo de la falta de inversión y de un sistema obsoleto que no ha sido modernizado en años.

El costo de la electricidad en Argentina: ¿quién paga el precio de la ineficiencia?

El gobierno y las empresas distribuidoras argumentan que, a pesar del aumento, el costo de la electricidad en Argentina sigue siendo bajo en comparación con otros países de la región. Sin embargo, esta comparación es completamente descontextualizada. Mientras los precios suben, el servicio sigue siendo ineficiente y las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura brillan por su ausencia.

Para los usuarios de clase alta, el aumento de tarifas es un golpe moderado, pero para los de clase media y baja, la situación es insostenible. Los hogares de altos ingresos verán un aumento del 1,7% en la tarifa base, mientras que aquellos de clase media y baja sufrirán aumentos que ya están afectando sus facturas. Lo peor de todo es que este aumento llega sin ninguna promesa real de mejora en el servicio. La calidad del suministro sigue siendo deficiente y los cortes, lejos de desaparecer, continúan ocurriendo de manera sistemática.

Este tarifazo, junto con la falta de soluciones reales para el sistema energético, deja claro que el gobierno prefiere aplicar un ajuste en el bolsillo de los ciudadanos antes que exigir a las empresas que inviertan en infraestructura y garanticen un servicio que funcione. A medida que las tarifas suben, los cortes se intensifican y la paciencia de los argentinos se agota.

¿El futuro energético de Argentina está condenado a la oscuridad?

Es urgente que el gobierno de Javier Milei se haga cargo de la crisis energética que atraviesa el país. Aumentar las tarifas sin inversión en el sistema eléctrico solo va a perpetuar el ciclo de cortes y deficiencias. En lugar de seguir aplicando aumentos que no resuelven los problemas de fondo, el gobierno debe exigir a las distribuidoras un plan de inversión serio para mejorar la infraestructura eléctrica, garantizar la calidad del servicio y evitar que los argentinos sigan pagando por un servicio que no reciben.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen a oscuras, no solo por los cortes de luz, sino también por un gobierno que parece más preocupado en ajustar las cuentas del Estado que en resolver los problemas reales de la gente.