Vecinos y ONG llaman a la participación en la constatación judicial del arroyo El Salto, afectado por la minería en Entre Ríos

Aldea Brasilera, Entre Ríos – El 27 de marzo de 2025 se llevará a cabo una jornada clave en el proceso judicial que involucra a la minera Cristamine SA y la alteración del curso natural del arroyo El Salto, en el departamento Diamante. En un contexto de creciente preocupación ambiental, los vecinos de la zona se han autoconvocado para presenciar una constatación judicial, que será realizada por el juez Edgardo Martín Nicolás Cossy, a las 17:00 horas, en el conocido “Puente de Piedra”, lugar donde, según denuncian, la empresa ha modificado el flujo del arroyo con fines de explotación minera.

Este amparo ambiental, impulsado por la Fundación Cauce, se originó a raíz de la denuncia de vecinos y organizaciones sociales sobre el daño ecológico causado por Cristamine SA, que opera una cantera de silicio en la región. La solicitud de la Fundación exige la restauración del curso natural del arroyo, la demolición de un terraplén construido por la minera y la implementación de medidas que garanticen la circulación libre del agua, evitando mayores impactos ambientales en el futuro.

El conflicto: un daño histórico al ecosistema

El arroyo El Salto ha sido afectado por la actividad minera desde 1976, según las denuncias. En su explotación de arenas y brosa, la empresa ha alterado el cauce del arroyo en dos ocasiones, lo que, de acuerdo con los expertos, ha provocado serios perjuicios al ecosistema local. El año pasado, la Justicia admitió el amparo ambiental interpuesto por Fundación Cauce, en un intento por revertir esta situación y frenar futuras intervenciones sin la debida evaluación técnica.

En la resolución judicial, se solicitó la intervención de las autoridades provinciales, como la Secretaría de Ambiente, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) y la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, para asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la salud del ecosistema hídrico y prevenir daños adicionales. Además, el amparo exige que se realicen estudios técnicos y se respete el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones sobre el futuro de los recursos hídricos.

La posición de los vecinos y la minera

Desde el ámbito local, los vecinos de Aldea Brasilera y otras comunidades cercanas (Colonia Ensayo, San Benito, Sauce Montrull, entre otras) han expresado su firme preocupación por los efectos que la alteración del arroyo podría tener sobre su salud y el medio ambiente. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, se ha convocado a una masiva participación en la constatación judicial, invitando a todos los ciudadanos interesados a asistir y exigir la restauración del curso del arroyo. "Es tremendo que esté cortado el flujo natural del arroyo El Salto para satisfacer intereses turbios que enferman y destruyen", señalan en uno de los mensajes.

Por su parte, la minera Cristamine SA ha respondido con su propia convocatoria, asegurando que la intervención sobre el arroyo ya fue “completamente remediada” y que se está dispuesto a mostrar la “corrección” ante el juez. La empresa, con sede en Buenos Aires, invita a sus trabajadores y beneficiarios a respaldar sus actividades y garantizar el apoyo en esta causa legal.

El contexto del amparo ambiental

La Fundación Cauce, en su presentación judicial, detalló que la empresa minera ha realizado intervenciones sin la debida autorización y sin haber obtenido los estudios de impacto ambiental necesarios, en particular en una parcela recientemente incluida en el proceso de explotación (nº 24.856). También acusó al gobierno provincial de negligencia, al no haber tomado medidas adecuadas ante las violaciones al derecho ambiental, ni haber garantizado la participación ciudadana en los procesos de evaluación.

Este amparo ambiental busca que no solo se resuelva el daño histórico causado al arroyo, sino también que se tomen decisiones más transparentes y rigurosas respecto a las futuras intervenciones sobre los recursos naturales de la región.

¿Por qué importa?

El caso del arroyo El Salto no es solo un conflicto local, sino un símbolo de la tensión constante entre el desarrollo económico, la protección ambiental y la salud de las comunidades. La minería, como actividad extractiva, tiene un impacto directo sobre los recursos hídricos, fundamentales para la vida. En un contexto global de creciente escasez de agua y degradación de los ecosistemas, la defensa del agua como bien común y el derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones sobre su futuro son temas clave para las generaciones actuales y futuras.

La invitación está abierta a todos los interesados en la defensa del medio ambiente. Este 27 de marzo, la participación ciudadana será crucial para visibilizar el problema y exigir medidas efectivas para la protección del arroyo El Salto. Con la presencia del juez y el seguimiento de las autoridades competentes, se buscará asegurar que la justicia no solo escuche a las partes, sino que también actúe en defensa del derecho a un ambiente sano.

Con información de Era Verde