Catamarca: La Cámara Federal Revoca Sobreseimiento a Funcionarios que Avalaron la Fusión de la empresa Minera MARA

Buenos Aires, 26 de marzo de 2025 – En un fallo crucial que podría cambiar el rumbo de la justicia ambiental en Argentina, la Cámara Criminal y Correccional Federal ha confirmado la imputación de ocho funcionarios que habían avalado la fusión de las mineras Agua Rica y Alumbrera, lo que dio origen a la empresa MARA. Este acuerdo fue polémico por sus implicaciones sobre el ambiente en la zona de los Nevados de Aconquija, en Catamarca, área en la que existen glaciares protegidos por la ley nacional de glaciares.

La Sala I de la Cámara de Casación resolvió revocar el fallo anterior, que había sobreseído a los acusados, quienes son señalados como responsables de aprobar un proyecto minero a pesar de que un informe oficial había advertido sobre la presencia de glaciares en la zona. Entre los funcionarios imputados se encuentran Luis De Miguel, Justo Daniel Barros, Alfredo Grau, Ángel de Jesús Mercado, Domingo Mario Marchese, Eduardo Bautto, Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavala. Estos individuos son acusados de actuar en contra de la Ley Nacional de Glaciares (N° 26.369), al dar su aval a la explotación de una zona donde se encuentra un ecosistema delicado y protegido.

El fallo que anuló el sobreseimiento de los acusados se basa en que el tribunal original no había agotado las diligencias necesarias, y que aún quedaban pruebas cruciales por recolectar. La Cámara destacó que el proceso judicial debía continuar, permitiendo la realización de las medidas de prueba propuestas por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, que incluyen la confirmación de la existencia de glaciares en la zona afectada y la recolección de pruebas adicionales.

Fallo:

La Voz de los Vecinos de Andalgalá

La causa que llevó a este fallo se originó en 2019, cuando un grupo de vecinos de Andalgalá denunció la participación delictiva de los funcionarios al aprobar un proyecto minero que comprometía los recursos naturales de la región. Según los denunciantes, el proyecto fue aprobado a pesar de las advertencias ambientales y de que las zonas de los Nevados de Aconquija son áreas ecológicas claves.

“La aprobación de este acuerdo por parte de los funcionarios convirtió a la empresa MARA en un proyecto ilegal, lo que convierte a estos funcionarios en cómplices de una violación ambiental grave”, expresaron desde las asambleas de Andalgalá, quienes celebraron el fallo judicial. Además, recalcaron que la minería no podría prosperar sin la complicidad activa del Estado, tanto en el ámbito provincial como nacional.

Represión y Violencia en Choya: La Militarización de la Resistencia

Este fallo judicial llega en un momento crucial, cuando la lucha de los vecinos de Andalgalá contra el proyecto minero continúa sumando capítulos de violencia y represión. En octubre de 2022, los vecinos de Choya, una comunidad ubicada en las cercanías de la zona de exploración minera, denunciaron que el campamento que habían instalado en defensa del agua y en oposición al proyecto MARA había sido destruido y saqueado.

El campamento estaba ubicado en un terreno que la dueña había cedido formalmente a los vecinos, quienes lo usaban como un punto de resistencia pacífica. Lo más alarmante fue que el campamento se encontraba a menos de 100 metros de un puesto de control policial, instalado por las autoridades en un terreno cedido por la propia empresa minera. A pesar de esta cercanía, la policía no intervino ni se percató de los destrozos que se produjeron, lo que generó graves sospechas sobre la complicidad de las fuerzas de seguridad con los intereses mineros.

En un comunicado, los vecinos de Choya acusaron a la policía de ser cómplice del saqueo, sugiriendo que los atacantes pudieron haber sido miembros de la “guardia civil” de la minera MARA. La Asamblea El Algarrobo, que agrupa a los vecinos de la zona, expresó su indignación al señalar que la policía, lejos de proteger a los manifestantes, parece garantizar la seguridad de los intereses de la minera.

Violencia y Represión en 2022: Golpes y Disparos a Vecinos
Este ataque no fue un incidente aislado. En abril de 2022, los vecinos de Choya ya habían denunciado una brutal represión por parte de la policía de Catamarca, que en ese momento custodiaba el paso de combustible y suministros hacia la mina. Durante esa jornada, los manifestantes fueron golpeados y disparados por la policía, mientras intentaban bloquear el paso hacia la mina. La represión incluyó la detención de varios vecinos, que fueron trasladados a la ciudad de Santa María, mientras la policía cortaba el acceso a la ruta 47, impidiendo que los vecinos pudieran asistir a los heridos.

Catamarca: Grave denuncia de los Vecinos de Choya en Andalgalá "La policía solo protege a las mineras"

Este hecho de violencia, junto con otros similares, ha llevado a los habitantes de Andalgalá a unirse en su rechazo hacia el proyecto MARA. “No tienen licencia social”, es el mensaje que ha resonado en cada uno de los comunicados de las asambleas locales. Los vecinos siguen luchando contra lo que consideran un proyecto ilegal, que no solo pone en riesgo el agua y los glaciares de la región, sino también la vida y la seguridad de las personas que defienden sus territorios.

Catamarca: Violencia institucional sin fin, cada 15 días hay represión policial a los vecinos de Choya, en Andalgalá

Lo que Viene: Justicia y Resistencia
Este fallo judicial representa un paso significativo hacia la justicia, pero los vecinos saben que la lucha está lejos de terminar. La causa seguirá su curso en el tribunal de origen, donde se deberán llevar a cabo nuevas diligencias, incluyendo la recolección de pruebas documentales, la toma de testimonios y la revisión de los informes sobre el estado de los glaciares. Sin embargo, también queda claro que la resistencia de las comunidades locales contra la minería está siendo duramente reprimida, y que las instituciones del Estado parecen favorecer los intereses de las corporaciones mineras.

La lucha por los derechos ambientales, el agua y el territorio de Andalgalá sigue siendo un ejemplo de resistencia en Argentina. Este fallo es solo un eslabón en una cadena de reclamos más amplios que exigen un modelo de desarrollo que priorice la vida, la justicia social y la protección de los recursos naturales.

* Agradecemos la información de Radio el Algarrobo