Preocupa la criminalización a las comunidades ancestrales por defender su territorio en Misiones

BUENOS AIRES. En el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, de la mano de la asesora legal Roxana Rivas, Misiones estuvo en el panel Conflictos territoriales: Experiencias de abogados defensores de Comunidades Indígenas.

Rivas, quien representa al Pueblo Mbya, contó sobre este espacio de debate público del que formó parte, y se refirió a los principales avances y desafíos que enfrentan hoy los litigantes en estas causas que se repiten en toda la Argentina.

“Las problemáticas son las mismas, lo principal es el territorio, pero indefectiblemente, a partir de la lucha territorial surgen otras cuestiones como la criminalización de los dirigentes, la intervención del sistema penal”, explicó la abogada.

En este sentido, comentó que existen diferencias entre los distintos pueblos a la hora de encarar las batallas. “Hay territorios donde la defensa es mucho más violenta, como en el sur. Nuestras peleas territoriales acá son distintas. Esto que se consiguió ahora (en relación con la reciente victoria en el Kuña Pirú) es histórico comparado con lo que suele pasar en otros lugares”, sostuvo.

Además, Rivas aseguró que se trata de “peleas largas, pero tenemos la convicción de que es lo que corresponde hacer y eso es lo que te mueve”.

Sobre el trabajo que llevan adelante los profesionales del derecho en estos temas, sostuvo que suele ser similar y es un camino que se hace al andar, teniendo en cuenta que hasta ahora no existe una especialización sobre lo indígena, y que “los abogados que hacemos esto estamos vinculados a organizaciones de derechos humanos o equipos como en el caso de EMiPA”.

“Lo que falta es una ley de Propiedad Comunitaria Indígena, la Constitución hace el reconocimiento, el Código Civil, pero toda su formalidad lo remite a una ley que nunca se creó y que está cada vez más lejos. Entonces nos toca como litigantes crear cosas, ensayar y eso implica correr riesgos, nunca sabes con qué te sale el sistema judicial”, argumentó Rivas.

Sobre este último punto, especificó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) viene desarrollando un área que prevé financiamiento para que las Comunidades puedan elegir y respaldar económicamente su defensa, aunque hasta el momento no se concretó formalmente. “Deberían poder elegir y tener recursos para pagar a sus abogados porque más allá de que uno lo hace con convicción, es un trabajo con mucho compromiso”, reflexionó la asesora legal.

Finalmente, y con relación a su motivación personal, afirmó que “yo elijo estas causas porque considero que son justas, y una de las cosas que se aprende con las Comunidades indígenas es que la felicidad y la realización pasan por otro lado”.

Fuente: misionescuatro