La Política Ambiental
En el marco del proceso de seguimiento y monitoreo sobre la contaminación del río Paraná por efluentes cloacales que lleva a cabo la Fundación Cauce, la organización ambiental presentó una solicitud de acceso a la información pública al intendente de la capital provincial. En la misma se requiere saber la cantidad de viviendas y porcentaje de la población total que se encuentra conectada a la red cloacal. La ONG quiere saber qué sistema de tratamiento de los efluentes fecales se adopta la jurisdicción capitalina.
La entidad socio ambiental presentó el pasado 19 de abril un recurso de acceso a la información pública ambiental dirigido al presidente municipal de Paraná, Adán Bhal, done se requiere información sobre indique cómo se arrojan los líquidos y materias excrementicias. Específicamente solicita detalles de “ubicación, capacidad y zona de influencia que tiene” el vertido.
Por otra parte, se pregunta si “se encuentran en etapa de planificación o estudio de instalación nuevas plantas de tratamiento de efluentes cloacales, especificando zonas y capacidades de las mismas. Si se han realizado estudios en el agua de red pública para determinar la existencia de algún contaminante/s y la forma en que se ha definido tratarlo”.
Y finalmente, se requiere que se “indique si como consecuencia del contacto con aguas contaminadas por efluentes cloacales/napas contaminadas se han detectado enfermedades en niños/adultos que podrían estar asociadas en las distintas instituciones de salud que operan en la jurisdicción a su cargo. En caso afirmativo, especifique qué patologías han aparecido y en qué zonas urbanas preponderantemente”.
Fuente: ERA Verde
Se trata del predio que se encuentra abandonado desde hace unos años y que recientemente consiguió apoyo nacional para su reapertura.
El motivo de cierre de este programa, que comenzó en el gobierno de Menem, se debe a que el Ministerio de Capital Humano no designó a ningún funcionario en el área, por lo que nadie puede firmar la continuidad.
Desde 2008 se prohíbe en todo el territorio provincial la explotación minera metalífera a cielo abierto, la minería de minerales nucleares y el empleo de sustancias tóxicas en los procesos mineros. Cámaras y asociaciones mineras apelaron y fueron rechazadas.
