San Luis: Crónica de la resistencia al desmonte del “Bosque Vulpiani”

Desde mayo la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani viene protestando para conservar el “Bosque Vulpiani”, un monte primordialmente nativo que se encuentra amenazado por una obra milmillonaria que el gobierno provincial quiere realizar en el lugar. Hoy se cumplen 10 días del acampe que la Asamblea desarrolla en el predio para preservar el ambiente.

ACTUALIDAD13/07/2023 Maico Martini, periodista ambiental.

Foto: La Bulla Comunicación Alternativa.

En Juana Koslay –localidad limítrofe a la capital provincial- se encuentra el Acueducto Vulpiani, una
de las primeras obras hídricas que permitieron llevar agua desde el dique Potrero de los Funes
hasta la Ciudad de San Luis. El acueducto tiene una extensión de unos 10 km, y fue inaugurado
en 1909.

Este acueducto, por su historia e importancia en el desarrollo de San Luis, está catalogado como
Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio. A escasos metros de él se encuentra el Salto de la
Salamanca, un pequeño salto del arroyo Cuchi Corral que tiene una particularidad: allí se pueden
observar unos 500 millones de años de historia geológica, según explicó el geólogo Héctor Luis
Lacreu. El acueducto y el Salto están rodeados por un monte primordialmente nativo que abarca
unas 13 hectáreas, un monte que se encuentra amenazado por una obra milmillonaria.

A principios de abril el gobierno provincial anunció que en el lugar se construiría el “Parque
Acueducto Vulpiani”, un proyecto urbanístico que comprende la realización de edificios
comerciales/administrativos, un teatro al aire libre, calles, senderos, plazas, miradores y césped,
entre otras. La obra cuenta con un presupuesto de 1.820 millones de pesos.

A mediados de ese mes, el gobernador Alberto Rodriguez Saa encabezó el acto de inauguración de
la obra junto a sus funcionarios, acompañado del intendente local, y del ejecutivo de la empresa
constructora SERVING S.R.L. En el acto, además, se firmó la adjudicación de la obra a la
mencionada empresa.

La noticia despertó la preocupación de vecinos y ambientalistas, ya que –entre otras cosas- la zona
se encuentra catalogada como amarilla por la Ley Nacional de Bosques N°26.331. Entonces,
varios vecinos solicitaron el Estudio de Impacto Ambiental –EIA- y la documentación ecológica que
respalde la obra, días después la Secretaria de Ambiente admitió que no tenía en su poder el EIA
del proyecto.

Motivados por estas primeras irregularidades, los vecinos preocupados por el impacto ecológico
del proyecto se agruparon en la “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani”, y, el 2 de mayo,
organizaron el primer encuentro en protesta por la deforestación que implicaría la obra. Ese
mismo día una maquina se encontraba desmontando ilegalmente y abriendo caminos: su tarea
era hacer espacio para el ingreso de maquinaría de mayor porte. Sin embargo, gracias a la
denuncia pública y al accionar de los ambientalistas, la maquina desapareció días después.

La Asamblea continuó realizando encuentros, y desde mayo hasta la fecha organiza en el lugar
actividades ambientales y recreativas todos los fines de semana. En los “encuentros familiares”
realizan talleres ambientales y culturales, caminatas de reconocimiento de flora nativa,
recolecciones de basura, juegos y espectáculos para niños, acompañado con música en vivo de
artistas locales. Además, también realizan actividades de capacitación ambiental, como charlas
con expertos en biología, geología y legislación ambiental, entre otras.

Jornada de reconocimiento de flora nativa. /La Bulla Comunicación Alternativa/.

Por otra parte, la Asamblea brindó respuestas a problemas que el municipio no quiere resolver.

En Juana Koslay no existe la recolección diferenciada de basura, y los vecinos tienen que ir hasta la
capital para reciclar; pero la Asamblea instaló un “punto verde” móvil para que los ciudadanos
puedan llevar allí su material reciclable.

Paralelamente, la Asamblea continuaba reclamando por el acceso a la documentación ecológica
del proyecto. Se presentaron unas cinco solicitudes de acceso al EIA, tanto en las oficinas de
ambiente como en las de obras públicas, y luego de un mes y medio de reclamos el gobierno
compartió la documentación, el 2 de junio.

Según la ley provincial, la Asamblea tenía diez días para analizar las casi 700 fojas de los estudios y,
en caso de ser necesario, presentar observaciones, objeciones o sugerencias acerca del EIA. Para
ello solicitaron el asesoramiento del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental
–PITSA- de la Universidad Nacional de San Luis –UNSL-.

En comunicación con EcoPress, el biólogo e integrante del PITSA, Dr. Antonio Mangione explico
que: “Se trata de un asesoramiento de carácter técnico y disciplinar (…), les hemos comentado y
asesorado en términos vinculados al ambiente sobre el Estudio de Impacto Ambiental de esta
obra”.

Y agregó “luego de leer la documentación, y ante la intención de la Asamblea de solicitar una
Audiencia Pública, nosotros generamos un documento con una serie de argumentos que podían
dar sustento y fundamentación al pedido de Audiencia Pública”.

Finalmente, a mediados de junio la Asamblea presentó un texto con 24 observaciones y
objeciones sobre el EIA de la obra. Entre las objeciones destaca el hecho de que el proyecto
preveía la utilización de glifosato (hecho prohibido por la ley local), que parte de la base legal del
estudio es una ordenanza de CABA que no tiene validez en San Luis, que la obra generaría un
desequilibrio hídrico y que el predio esta medianamente protegido por la Ley de Bosques.
Asimismo, solicitaron la Audiencia Pública para tratar estas y otras irregularidades.

Dos semanas después, la Secretaria de Ambiente respondió a las objeciones, y dio lugar a las
quejas antes mencionadas, asegurando que se incluirían en la Declaración de Impacto Ambiental.
Asimismo, el gobierno rechazó la Audiencia Pública y “entendió” que ya había cumplido con la
participación pública.

“Con la novedad de que fue denegada la audiencia, lo que estamos haciendo es una re-lectura de
la documentación para asesorar a la Asamblea en la medida que lo requiera, acerca de algunas
cuestiones técnicas”, agrega Mangione.

En la respuesta del gobierno, Ambiente explicó que si bien el predio está protegido por la ley
N°26.331, la obra fue declarada de “interés público” mediante decreto, razón por la cual tiene el
aval para iniciar los desmontes.

Al ser consultado, Mangione considera que “no todo lo que se declara como ‘de interés público’
necesariamente lo es, porque ningún derecho puede estar por encima de otro, ni mucho menos
estar sobre un derecho constitucional como el ambiente sano. Si uno es estricto con lo que dice la
norma, se sobreentiende que una obra de ‘interés público’ podría ser un hospital, un tendido
eléctrico, un eventual tendido de líneas de gas; de ahí a hacer un ‘shopping’ es otra cosa. (…)

Enunciar una obra como ‘de interés público’ sin atender a las demandas y reclamos de la
ciudadanía, me parece que es un error”.
A pesar de que los ambientalistas rechazaron la negativa del gobierno, la secretaria ambiental
autorizo la obra. Entonces, el pasado lunes 3 de julio comenzaron a arribar máquinas para iniciar
las tareas y avanzar sobre el monte. Inmediatamente la agrupación se reunió en una asamblea
extraordinaria, debatieron, hicieron un ‘semaforazo’ y resolvieron acampar en el lugar para
preservar el “bosque Vulpiani”.

Durante los primeros días, el acampe copo la agenda mediática y aquellos medios que durante
meses ignoraron la problemática se vieron obligados a cubrir el hecho. Las primeras jornadas de
acampe fueron tensas, la Asamblea hizo una barricada para obstaculizar el paso de las máquinas y
en ocasiones tuvieron que hacer “cordones humanos” para impedir el avance de las topadoras.

La Bulla Comunicación Alternativa.

En la tarde del martes personal policial se acercó al lugar con una intimación de desalojo,
motivada por una denuncia realizada por el apoderado de la empresa constructora. No obstante,
la Asamblea no hizo lugar al requerimiento de la fiscal Maria del Valle Duran, y resolvió continuar
con la protesta.

Al día siguiente, la fiscal le solicitó al juez Marcos Flores Leyes que ordene el desalojo del acampe.
Una de las principales exigencias de los ambientalistas es el dialogó con las autoridades; pero los únicos que se hicieron presentes fueron efectivos policiales pidiendo documentos, filmando a la Asamblea o intimándolos a desalojar.

Nazareno Altinier, uno de los asambleístas, dice que no le sorprende la falta de dialogo por parte
de las autoridades: “Conocemos el manejo de las autoridades, sabemos de sus intereses,
sabemos que buscan y que les interesa acá en Vulpiani. Lo único que hemos visto es presencia
policial y de la empresa, en tanto seguimos a la espera de las autoridades”.

En la tarde del jueves 5 el juez negó la solicitud de desalojo, y permitió que la Asamblea continúe
con el acampe, en el fallo además instó a mejorar la implementación de la “Ley Yolanda”. En
otra arista, el abogado representante de la Asamblea, Gustavo Quiroga –UBA-, había solicitado el
cese de las obras e hizo responsable a la fiscal por cualquier daño ocasionado a los manifestantes y
sus bienes.

Además (ese mismo día), la Asamblea presentó ante la Municipalidad de Juana Koslay un
proyecto para declarar la zona “Reserva Natural Municipal”, pedido que se hizo hace varios años
pero que no prosperó. El Día de la Independencia la agrupación vecinal organizó un gran festival
con un sinfín de actividades culturales y ambientales. En tanto, el martes 11 la Asamblea presentó
un pedido –debidamente fundamentado- para revocar el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, ya que todo indica que este proceso se hizo incorrectamente.

Por el momento, la situación evoluciona con incertidumbre. El gobierno brilla por su silencio, la
empresa destaca por su interés de avanzar con las máquinas, y la Asamblea se mantiene firme con
su acampe. Mientras, los políticos del gobernador electo (Claudio Poggi) que se acercaron a la
Asamblea durante la campaña, se esfumaron luego de las elecciones.

El acampe es por tiempo indeterminado, y las palabras de Ayelen Rodríguez, integrante de la
Asamblea, grafican la tenacidad de los manifestantes: “El acampe durará lo que tenga que durar,
nosotros vamos a estar acá, tenemos ayuda en logística y vamos a estar acá hasta el final. No
vamos a permitir que se avasallen nuestros derechos”. Flor Suarez, por su parte, dice que siente
“la obligación de estar y la fuerza de la unión: estamos organizados y divididos en comisiones para
mantener este acampe para que nos escuchen”.

La Bulla Comunicación Alternativa.

Finalmente, el Dr. Mangione considera que “la Ley ambiental es todo lo dura que se propone ser al
principio y, paralelamente, es todo lo blanda que le permite ser al final. Por eso es momento de
pensar en otro tipo de legislación, porque esta lógica claramente no ha funcionado”.