León Felipe Alvaredo Von Semasco
La base de la política ambiental se sustenta en principios que le otorgan una protección superior tanto en la vía administrativa como judicial. El punto 4 del Art. 4 de la Ley 25.675 (Ley General del Ambiente) plantea el “Principio de Equidad Intergeneracional”, basado en la “Opinión Consultiva de Río 92”. Este principio busca resguardar a la población actual y futura, como es el caso de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí Animaná, ubicada en la provincia de Salta. La protección especial de la ley obliga al Estado a brindar un resguardo con miras al corto y largo plazo.
Sin embargo, la función del Estado en resguardar la ley, basada en un sistema democrático de estado de derecho, a menudo se ve comprometida. Un ejemplo claro se dio en 2017, cuando el Gobierno Provincial autorizó el desmonte de 8,932 hectáreas de bosque en Finca Cuchuy S.A. a pesar de ser una zona protegida por la Ley de Bosques, afectando directamente a la Comunidad Indígena Diaguita.
El incumplimiento de la provincia respecto a la Ley General del Ambiente y la Ley de Bosques Nativos no solo afecta el medio ambiente sino también la eficacia de las sanciones, que a menudo no trascienden la ineficaz esfera administrativa, irónicamente gestionada por el mismo Estado infractor. En este contexto, el derecho ambiental se asemeja al laberinto de Creta, mientras las autorizaciones de desmonte continúan y las generaciones futuras ven su futuro comprometido.
Cabe destacar que durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, se permitió el desmonte de 20,000 hectáreas de bosque en 2020. En 2021, se convocaron audiencias públicas para avanzar sobre otras 28,311 hectáreas, a pedido de siete empresas del agronegocio. Adicionalmente, el gobierno provincial no ha actualizado el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una herramienta clave para defender los bosques. Esta herramienta obliga a las provincias a catalogar los bosques nativos en tres categorías, donde la primera prohíbe cualquier actividad con fines económicos. Salta es la segunda provincia con más deforestación en el país, lo que agrava la situación.
Recientemente, la polémica se centró en la utilización de terrenos catalogados como reserva natural en la ciudad de Salta, que habrían sido loteados para negocios inmobiliarios. El concejo deliberante dictó una resolución prohibiendo dicha actividad, demostrando una actitud activa beneficiosa para el ambiente pero desafiante para la provincia.
Una respuesta eficaz del Estado podría darse con la aprobación de la Ley de Delitos Forestales, presentada en el Congreso en octubre de 2016. Esta ley propone que la punibilidad y responsabilidad penal recaigan también sobre el funcionario que autoriza el desmonte, permitiendo así una respuesta justa y racional a la sociedad y evitando la constante indignación pública.
En conclusión, es fundamental que las políticas ambientales sean efectivas y se implementen de manera rigurosa para proteger nuestro medio ambiente y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
