Salta: la deforestación y la utopía de la protección de las generaciones futuras

La base de la política ambiental son sus principios, dicha característica la dota de una protección superior tanto en la vía administrativa como la judicial. El punto 4 del Art. 4 de la ley 22.725 (Ley General del Ambiente) plantea el “Principio de Equidad Intergeneracional”, basado en la “Opinión Consultiva de Rio 92”. El espíritu de la ley se sustenta en el resguardo de la población actual y futura, como el caso de Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí Animaná, ubicado en la provincia de Salta. La protección especial de la ley obliga al estado a darle especial para resguardar con miras en el corto y largo plazo.
Ahora bien, la función del estado debería ser el resguardo de la ley basado en un sistema democrático de estado de derecho. Pero del derecho al hecho, hay largo trecho. Como paso durante el 2017 donde el Gobierno Provincial, autorizó el desmonte de 8932 hectáreas de bosque en Finca Cuchy S.A. D pese a ser una zona con una rezonificación protegida por la Ley de Bosques, y afectando a la Comunidad Indígena Diaguita.
El incumplimiento de la provincia se da respecto a la ley General del Ambiente y a la Ley de Bosques nativo. La cuestión central es que dicho incumplimiento genera una sanción que no pasa de la ineficaz esfera administrativa y que paradójicamente es administrada por el mismo estado infractor. El derecho ambiental se encuentra en el laberinto de Creta. Mientras tanto las autorizaciones siguen sucediendo, y las generaciones siguen teniendo menos futuro.
Cabe destacar que el gobernador Gustavo Sáenz permitió el desmonte de 20 mil hectáreas de bosque durante 2020 y, en 2021, convocó a audiencias públicas para avanzar sobre otras 28.311 a pedido de siete firmas del agronegocio.
Otro dato relevante es que el gobierno provincial no actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, herramienta clave para defender los bosques, siendo a la vez la segunda provincia con más deforestación. Dicha herramienta obliga a las provincias a catalogar los bosques nativos en 3 categorías, donde la primera prohíbe cualquier actividad con fines económicos. 
En la actualidad la polémica se generó por la utilización de terrenos que se encuentran catalogados como reserva natural en la ciudad de Salta, los cuales habrían sido loteados para el negocio inmobiliario. El concejo deliberante dicto una resolución prohibiendo dicha actividad. Resulta oportuno mencionar que la actitud activa del concejo es beneficiosa para el ambiente y despótico para la provincia. 
Una respuesta eficaz del estado se podría dar con la aprobación de Ley de Delitos Forestales, presentado en el Congreso en octubre del 2016; donde la punibilidad y responsabilidad penal recae también sobre el funcionario que autoriza el desmonte. Un castigo justo y racional permite dar una respuesta a la sociedad, así evitar la constante indignación pública.