La Paz -ANF.- La Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y 20 instituciones denunciaron que los defensores ambientales y de derechos indígenas, Hernán Roque, Bertha Ayala y Beatriz Bautista, del Ayllu Acre Antequera, provincia Poopo, Oruro, reciben preocupantes mensajes amenazantes y difamatorios.  

“Los mensajes amenazantes, cargados de adjetivos que señalan sin pruebas de graves cargos contra el hermano Hernán Roque, y hermanas Bertha Ayala y Beatriz Bautista, expresan un alto grado de violencia e intolerancia, mismas que no manifiestan una disposición a escenarios de diálogo, necesarios para construir soluciones, se lee en un documento que publicaron.

Lo sucedido se produce en el contexto de un largo conflicto por actividades mineras en la región del Ayllu Acre Antequera y, ahora, en ocasión de la realización de un festival de música y danza autóctona denominado "Por la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas y el derecho a la identidad cultural", organizado este 29 de julio.

Las organizaciones e instituciones sostienen que las amenazas tienen el nefasto antecedente de violentos ataques que fueron organizados y protagonizados por los mismos presuntos autores de las actuales amenazas. El año pasado, estos mismos dirigentes intervinieron con violencia una vigilia pacífica de comunarios que reclamaban contra la desertificación y contaminación por la minería  

Alertaron que la impunidad de estos hechos hace prever una nueva edición de estos hechos violentos con peores consecuencias. En ese contexto la Contiocap y las organizaciones que se sumaron al pronunciamiento exigieron a las autoridades locales, como la Gobernación de Oruro, municipales de Poopó y la Defensoría del Pueblo de Oruro, “asumir las acciones oportunas que prevean nuevos hechos de violencia

Ante ello, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas – CONTIOCAP, junto con otras organizaciones abajo firmantes, comprometidas con la defensa de los derechos humanos y los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, hacemos este urgente llamado, y otorguen efectivas garantías y protección de derechos a las personas amenazadas.

Precisan que las demandas de comunarios del Ayllu Acre Antequera son de conocimiento de autoridades nacionales e internacionales con competencia en la protección de derechos humanos. El caso Acre Antequera ha sido presentado en informes ante espacios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, el año pasado, un equipo técnico de la Misión en Bolivia del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha tenido conocimiento del caso, ha documentado las graves violaciones a derechos humanos, violaciones en las que se reconoce como víctimas a los señores Hernán Roque y Bertha Ayala, entre otros y como perpetradores de esos reiterados hechos de hostigamiento y violencia a líderes de sindicatos mineros de empresas privadas y cooperativas mineras.

El conflicto en Acre Antequera tiene largos y complejos antecedentes, en los que aparece la responsabilidad de empresas mineras transnacionales, cooperativas mineras bolivianas y entidades del mismo Estado boliviano, que no han actuado convenientemente para dar solución a los conflictos, en el marco del respeto a los derechos fundamentales, se lee en el documento.

La situación es peor aún, porque las empresas mineras extranjeras comprometidas en este conflicto iniciaron procesos penales contra Roque y Ayala. 

Alertaron sobre estos hechos porque representa una muestra más del debilitamiento del Estado de Derecho, y la falta de justicia para comunidades y personas en contextos de intensas actividades extractivas. Es responsabilidad de todos no permitir que crezcan en impunidad las amenazas y violencia que se ensaña contra personas que defienden su derecho al agua y al medioambiente.

Llamamos a la comunidad internacional y organismos internacionales de Derechos Humanos, instar al gobierno boliviano y autoridades locales, asumir con responsabilidad su rol de garantizar derechos a los defensores ambientales, en el marco de los derechos garantizados por la Constitución y los convenios internacionales, particularmente el Acuerdo de Escazú, precisan todas las organizaciones.

Organizaciones que se suman a este manifiesto: 

Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), Consejo de Justicia de la Comunidad Vilaque Huaripampa, CONAMAQ Orgánico,  Consejo Departamental de Justicia JIOC La Paz, Comunidad Indígena Originaria Campesina Santa Ana Pucarani, La Paz, Consejo de Justicia de la TIOC Sullcuta Colchani

Consejo Mayor de Justicia de la Sub Central Cota Cota, Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey,  Coordinadora en Defensa de la Amazonía –(CODA), Consejo de Justicia de la Comunidad AMACHUMA, Provincia Aroma La Paz, Consejo de Justicia de Coque Ayllu Chimpu, Provincia Loayza La Paz, Consejo de Justicia de la Comunidad CHUCARASI Potosí, Colectivo Consumidores Conscientes, Colectivo Bolivia Libre de Transgénicos, Coordinadora por el Medio Ambiente, Colectivo Somos Sur, Colectivo Alimentos en Resistencia y Nación Indígena Originaria Qhara Qhara.

/ANF/

Fuente: AnaBolivia