Tras décadas de debate, los ecuatorianos decidirán en un referéndum el 20 de agosto el destino de las reservas de petróleo en uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Amazonía
INTERNACIONAL16/08/2023 Allen Panchana
En 2007, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo un llamamiento al mundo para proteger Yasuní, el parque nacional amazónico considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del país.
Al lanzar la Iniciativa Yasuní-ITT, Correa pidió la cooperación internacional para conseguir un fondo de 3.600 millones de dólares que ayude a mantener este petróleo bajo tierra. Si no se alcanzaba el objetivo, dijo, la explotación tendría que comenzar inevitablemente.
El objetivo inicial de financiación se calculó en la mitad de los ingresos que Ecuador esperaba obtener de la explotación de las reservas de Yasuní. Se dejarían de extraer unos 846 millones de barriles de petróleo y se evitarían 407 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. A cambio, el país sería compensado por la comunidad internacional con 350 millones de dólares anuales durante diez años por la conservación de este rincón de la Amazonia, evitando los costos medioambientales que conlleva la producción de petróleo.
En 2013, luego de recaudar apenas 13 millones de dólares en seis años, Correa declaró en una conferencia de prensa que “el mundo nos ha fallado”, y anunció el fin de la iniciativa. Con ello, también declaró que comenzarían los estudios para explorar la explotación de las reservas de Yasuní en los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocidos como Bloque 43.
Han pasado diez años desde aquel momento y siete desde que se inició la extracción petrolera, y el debate sobre los recursos del Yasuní sigue latente.
Luego de una intensa y larga campaña liderada por el colectivo Yasunidos, que busca la protección de este santuario natural, se logró que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable en mayo, y exija al Estado realizar una consulta popular en todo el país que decida si se continúa con esta explotación.
El 20 de agosto será la votación, que además coincidirá con las elecciones generales del país, que inicialmente debían celebrarse en 2025 pero se adelantaron después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional en mayo.
El debate es complicado desde hace tiempo, pero las cuestiones centrales ahora son qué ocurrirá ―a nivel económico y social― si el país vota a favor de poner fin a las actividades petroleras en el bloque.
Según datos oficiales, el Bloque 43 tiene una reserva de más de 1.672 millones de barriles de petróleo, el más grande proyecto de hidrocarburos en la historia de Ecuador.
Está administrado por la empresa estatal PetroEcuador, pero desde 2016 las empresas chinas Sinopec y Chuanqing Drilling Engineering Company Limited han firmado cuatro contratos de prestación de servicios específicos para la perforación y completamiento de pozos petroleros en el ITT, lo que los convirtió en los responsables de la operación.
El presidente de Ecuador Guillermo Lasso visitó el campo Ishpingo, que forma parte del Bloque 43 en abril de 2022. Según datos oficiales, el bloque alberga reservas de más de 1.600 millones de barriles de petróleo (Imagen: Bolívar Parra / Presidencia de la República del Ecuador, Dominio Público)
Petroecuador afirmó que un voto afirmativo a la prohibición de la explotación del Bloque 43 supondría una pérdida de ingresos para el país de USD 13.800 millones en las próximas dos décadas.
A pesar de la resistencia, el presidente Lasso aseguró que detener la explotación le dejará al siguiente gobierno tan solo dos opciones: “reducir gastos en áreas sensibles e importantes del área social o reducir algunos subsidios”. Casi la cuarta parte del presupuesto general del Estado se destina a los subsidios, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos, porque son necesarios tanto para la lucha contra la desnutrición infantil, el presupuesto de salud, educación, seguridad”, añadió Lasso.
En 2023 los subsidios ascienden a USD 4.795 millones, un 23,69% del presupuesto nacional. Incluye bonos a grupos vulnerables, seguridad social, gas de uso doméstico, desarrollo urbano y agrícola. Pero casi el 30% va a combustible, lo que según el gobierno ayuda a “recuperar costos para el sector”, así como a combatir la desigualdad.
Según el Fondo Monetario Internacional, Ecuador está entre los 15 países del mundo con más subsidios a los combustibles. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano paga USD 1 por cada kilogramo de gas de uso doméstico. Según cálculos, el precio en Latinoamérica de un balón de 15 kg cuesta, en promedio, USD 13. Sin embargo, en Ecuador se vende a USD 1,6.
No se puede vivir del aire, de los pajaritos y reptiles. Es un golpe muy grave para la economía ecuatoriana si gana el Sí.
Fernando Santos Alvite, Ministro de Energía de Ecuador
Fernando Santos Alvite, actual ministro de Energía, fue más duro en entrevista con Diálogo Chino. Describió como “un suicidio” prohibir la explotación petrolera en el Yasuní.
“No se puede vivir del aire, de los pajaritos y reptiles. Es un golpe muy grave para la economía ecuatoriana si gana el Sí”, dijo Santos.
“No es un simple plebiscito. Nos estamos jugando el futuro del país. ¿Queremos un futuro impulsado por la riqueza que nos dio la naturaleza, la minería y el petróleo o cerramos ese futuro y entramos en un periodo realmente muy incierto?”, agregó Santos, que califica esta opción como “inviable”, más aún si se tiene que retirar toda la infraestructura en el siguiente año, como indicó la Corte si es que ganara el Sí.
Un proyecto petrolero en el Parque Nacional Yasuní. La extracción en el Bloque 43 comenzó en 2016 (Imagen: Julio Etchart / Alamy)
La extracción petrolera en el ITT inició en septiembre de 2016, tras la construcción de accesos, instalación de maquinarias y demás mecanismos. La estatal Petroecuador ha invertido USD 1.900 millones en equipos e instalaciones.
Cerrar la operación tomaría, al menos, cinco años y un costo de casi USD 500 millones, afirmó a Diálogo Chino el Gerente de Petroecuador, Ramón Correa, y añadió que se tendrían que sellar con cemento 230 pozos de producción, desmantelar 12 plataformas y desinstalar la planta de procesos Centro de Procesos Tiputini, “el corazón de la operación” del ITT: una estructura que separa el petróleo del agua antes de su transporte desde la Amazonía hasta la provincia costera de Esmeraldas, desde donde se exporta.
El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del país: se extiende en más de un millón de hectáreas entre las provincias de Orellana y Pastaza, en el nororiente de la Amazonía. Alberga 1.300 especies de árboles, 610 de aves, más de 268 de peces, y está catalogada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es, además, hogar de los tagaeri y los taromenane, los últimos grupos indígenas en vivir en aislamiento en la nación sudamericana.
Guacamayos rojos en el Parque Nacional Yasuní. El parque alberga 1.300 especies de árboles, más de 600 de aves y al menos 268 de peces, y está catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO (Imagen: Doug Greenberg, CC BY NC)
“En una hectárea del Yasuní hay más biodiversidad que en toda Norteamérica. Además que viven pueblos en aislamiento voluntario, y explotar sería un etnocidio”, dijo a Diálogo Chino el vocero de Yasunidos, Pedro Bermeo.
En el informe “China en el Yasuní-ITT”, publicado por la organización Latinoamérica Sustentable (LAS) en julio, los autores recomiendan que el gobierno chino y sus empresas “se retiren de manera ordenada” del ITT, señalando las actividades petrolíferas como contrarias a los compromisos climáticos internacionales del país. También pidieron al gobierno que vigile y disuada a las empresas de participar en zonas social o ambientalmente sensibles, como aquellas donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Para Bermeo es imposible un triunfo del No en la consulta. “No está en nuestros planes ni en la cabeza de nadie, solo en quienes pretenden gobernar y obtener ganancias del Yasuní. Sabemos que ganará el Sí. Y Ecuador debe trazar obligatoriamente un futuro post petrolero”.
Dirigentes de las provincias amazónicas también se han sumado a la campaña por el Sí. Consultado por Diálogo Chino, el presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, Juan Bay, dijo: “Mi pueblo ha tenido cero beneficios: nada de desarrollo social, económico ni político. Votaremos y estamos en la campaña por el Sí”.
La posición de las comunidades indígenas está fundamentada en los casi 900 derrames de petróleo que se dieron entre 2015 y 2021 en la Amazonía ecuatoriana. Algunos de ellos afectaron al Yasuní.
Una delegación del pueblo Waorani Baihuari en la comisión de biodiversidad de la Asamblea Nacional de Ecuador en 2019. Forman parte de los grupos indígenas amazónicos que luchan contra la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní (Imagen: Fernando Sandoval / Asamblea Nacional de Ecuador, CC BY-SA)
Según Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), “la consulta no se limita a un tema de discusión [petróleo], sino que pone en juego el espacio en el que habitan pueblos indígenas. Por el Yasuní estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Se acabó la época de la explotación, que tanto ha afectado al ambiente y ha empobrecido a nuestras comunidades”.
Según datos oficiales, los siete años de explotación dan una balanza positiva. Se obtienen más de 57.000 barriles al día, lo que representa el 11 % de la producción nacional. Esto representó que en 2022 el gobierno obtuviera USD 1.200 millones por la venta de ese crudo. Sin embargo, según cálculos de Yasunidos, los ingresos netos por este lote serían de USD 148 millones anuales. Una cifra que se puede compensar, afirman.
Por décadas se ha discutido en Ecuador la posibilidad de que el petróleo del país se acabe. “Ese momento es hoy, finalmente ha llegado”, dijo a Diálogo Chino Luis Arauz-Jaramillo, investigador de la Universidad Central del Ecuador.
“Al ritmo de extracción actual, las reservas probadas se terminarán en 2028. Además, en el contexto global, según datos del Banco Mundial, la inversión en el sector petrolero se ha reducido en un 20% en tan solo cuatro años”. Para él, la transición hacia un Ecuador post petrolero debe ser gradual y empezar ahora.
“El primer paso debería ser evitar la explotación de crudo en las áreas megadiversas del país. ¿Por qué? Porque su valor económico irá creciendo año tras año, en un mundo en donde cada vez se hace más difícil encontrar territorios de estas características”, expresó el investigador.
Y el segundo paso, según él, son las alternativas económicas y políticas, como frenar gradualmente los subsidios. En esta misma línea opina la economista Wima Salgado, ex ministra de Finanzas: “Si eliminamos los subsidios que se entregan como exoneraciones tributarias al 10% más rico del país, el fisco podría recibir USD 598 millones anuales. Este valor es cuatro veces superior a la pérdida real estimada por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra”.
Además, agregó Salgado, si el Estado se enfocara en recaudar las deudas en firme al Servicio de Rentas Internas de los 500 principales deudores del Ecuador, lograría un incremento en sus recursos de casi USD 2 mil millones, y “no habría necesidad de poner en riesgo el Yasuní”.
El presidente Lasso confirmó que las elecciones y el referéndum continuarán como estaba previsto el 20 de agosto, a pesar del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en un acto de campaña en Quito el pasado miércoles. Aunque no se han realizado encuestas formales sobre la intención de voto, algunos comentaristas y sondeos informales han sugerido que los votantes podrían inclinarse marginalmente por el “Sí” al fin de la explotación petrolera en el Bloque 43.
Con 6,9 millones de hectáreas quemadas desde el 2 de junio, las acciones para frenar el fuego han sido insuficientes. Los incendios no son accidentales y en el último quinquenio se han agravado
En medio de la controversia que ha rodeado la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, se presenta una oportunidad significativa para reforzar las políticas ambientales en Colombia y en América Latina. Aunque el borrador filtrado de la reforma ha generado inquietud, es fundamental analizar cómo este proceso legislativo podría transformarse en una herramienta potente para la protección del medio ambiente.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) lanza cruzada que revela la cruda realidad de tres casos emblemáticos que aún sufren las secuelas de la degradación ecológica
Solo en Amazonas, Pasco, Cusco, Loreto, Ucayali y San Martin hay 35 activistas que han sido intimidados y hostigados por cuidar sus tierras
El Movimiento por un Uruguay Sustentable reclama que el informe entregado por el Poder Ejecutivo aún oculta detalles del acuerdo con HIF Global.
