Justicia investiga a Minera del Altiplano, Livent, hoy Río Tinto: procesamiento por presunto contrabando de litio

El caso involucra al proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), de donde la minera habría exportado 146 cargamentos de carbonato de litio entre junio de 2022 y octubre de 2023 con precios muy por debajo del valor internacional de referencia, lo que representaría un daño fiscal superior a los 200 millones de dólares.

El rol del Estado provincial: el silencio cómplice
La causa expone una situación incómoda para el Gobierno de Catamarca, que desde hace años sostiene que la minería del litio es la “llave del desarrollo” de la provincia. Sin embargo, pese a la magnitud del negocio, los controles efectivos sobre volúmenes y valores exportados han sido mínimos.

El Ministerio de Minería catamarqueño celebró reiteradamente la presencia de Minera del Altiplano como “actor estratégico” y hasta firmó acuerdos para ampliar operaciones, mientras las exportaciones salían con valores cuestionados. La administración provincial nunca objetó públicamente las declaraciones juradas de la empresa, a pesar de que los precios estaban un 30% o 40% por debajo de las cotizaciones internacionales.

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En los hechos, el Estado provincial se limitó a percibir regalías mineras del 3%, calculadas sobre valores declarados por la propia compañía. Es decir, cuanto más bajo se declaraba el precio de exportación, menor era también la recaudación para la provincia.

Derrames y daños ambientales en el Salar del Hombre Muerto
El historial ambiental de Minera del Altiplano suma varios episodios críticos en Catamarca. Uno de los más graves ocurrió cuando un camión de la empresa volcó dentro del Salar del Hombre Muerto, liberando sustancias químicas que se utilizan en el proceso de obtención de carbonato de litio. El hecho fue denunciado por comunidades y organizaciones locales, que advirtieron sobre la falta de información oficial y el riesgo de contaminación de la salmuera.

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Pero el impacto no se limita a accidentes. En los últimos años, las comunidades de Antofagasta de la Sierra han denunciado la desecación de la vega del río Trapiche, un humedal clave que abastecía a pastores y fauna local. Investigaciones académicas de la Universidad Nacional de Catamarca y del CONICET señalan que la extracción intensiva de agua subterránea para sostener el bombeo de salmueras del proyecto Fénix alteró de manera irreversible el equilibrio hídrico de la zona.

Vega del río Trapiche seca

La muerte de la vega del Trapiche se convirtió en un símbolo del costo ambiental que deja la explotación de litio en los salares de altura. En una región donde el agua es el recurso más escaso, la pérdida de humedales y pastizales de altura implica no solo un daño ecológico, sino también un impacto directo sobre las comunidades indígenas y campesinas, que ven amenazada su forma de vida.

A pesar de la magnitud de estos impactos, las sanciones aplicadas por el Estado provincial fueron mínimas y poco transparentes. Para organizaciones sociales y ambientales, este caso muestra la asimetría entre el poder de las corporaciones mineras y la debilidad de los organismos de control provinciales y nacionales.

Por otro lado la Corte de Justicia de Catamarca dictó un fallo histórico el marzo del 2024 al ordenar la suspensión de la actividad minera de litio en el Salar del Hombre Muerto, prohibiendo además que se otorguen nuevos permisos hasta realizar un estudio de impacto ambiental integral. La decisión respondió a una acción de amparo presentada por la comunidad atacameña, tras constatarse que el proyecto Fénix de la empresa Livent secó el río Trapiche al construir una represa para captar agua. El tribunal también suspendió las normativas que habilitaban los proyectos Fénix y Sal de Vida (explotados por Livent y Galaxy Lithium), extendiendo la medida a toda la subcuenca compartida entre Catamarca y Salta. Los jueces señalaron que los daños ambientales ya comprobados, sumados a la ausencia de evaluaciones acumulativas e integrales, ponen en riesgo el ecosistema, lo que obliga a replantear el desarrollo minero en un recurso estratégico como el litio.

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La responsabilidad nacional: aduanas y controles fallidos
A nivel nacional, la situación no es menos comprometida. Las operaciones de exportación fueron registradas en el Sistema Informático María (SIM) y validadas por la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la AFIP. La propia empresa se defiende alegando que sus operaciones “fueron autorizadas en su momento por la Aduana”.

Esto abre interrogantes sobre la capacidad de control del Estado argentino en materia de recursos estratégicos. El país exporta litio como materia prima a precios que no reflejan su verdadero valor de mercado, mientras que en el extranjero se multiplica su precio una vez transformado en insumos para baterías.

En ese marco, la investigación judicial desnuda una falla estructural: la falta de mecanismos eficaces para auditar los precios de transferencia en operaciones internacionales, especialmente cuando se trata de multinacionales que exportan a filiales o empresas vinculadas en el exterior.

Entre el boom del litio y la pobreza local
El caso también tensiona el relato oficial de Nación y Provincia. Durante los últimos años, tanto el gobierno nacional como el de Catamarca presentaron el litio como “Oro Blaco” y una oportunidad histórica para atraer inversiones. Sin embargo, los beneficios concretos para las comunidades cercanas a los salares siguen siendo escasos.

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Mientras se promocionan las exportaciones récord, Antofagasta de la Sierra, epicentro del proyecto Fénix, continúa con problemas básicos de infraestructura, empleo precario y cuestionamientos ambientales por el uso intensivo de agua en los salares.

Lo que se investiga
La causa judicial contra Minera del Altiplano busca determinar si la empresa incurrió en subfacturación sistemática para reducir el pago de impuestos y regalías. El procesamiento de Mancuso como responsable directo de las operaciones aduaneras marca un precedente: por primera vez en el país, una minera de litio enfrenta un proceso penal por contrabando agravado.

La resolución también deja bajo la lupa a los organismos de control nacional y provincial, cuya pasividad permitió que las operaciones se realizaran durante más de un año sin mayores cuestionamientos.